El sindicato denuncia la falta de negociación del Ministerio y reclama un tratamiento homogéneo para todo el profesorado sostenido con fondos públicos.
FSIE ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la exclusión del profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos de las medidas previstas en el Proyecto de Ley de modificación de la LOE y de la Ley 4/2019, especialmente en lo relativo a la reducción de la carga lectiva semanal máxima del profesorado.
La queja registrada denuncia tanto la exclusión expresa de los docentes de la enseñanza concertada de estas medidas de mejora profesional como la ausencia de diálogo y negociación por parte del Ministerio de Educación con los representantes legítimos del sector.
FSIE considera especialmente grave que el Ministerio haya negociado estas medidas únicamente con organizaciones sindicales de la enseñanza pública, negándose reiteradamente a convocar los órganos de diálogo y participación de la enseñanza concertada, pese a las numerosas solicitudes realizadas por el sindicato durante los últimos meses.
La organización recuerda que los centros concertados forman parte del servicio público educativo, conforme reconoce expresamente la Ley Orgánica de Educación, y considera que no existe ninguna justificación objetiva para privar a su profesorado, alumnado y familias de unas medidas que el propio Proyecto de Ley considera esenciales para mejorar la calidad educativa, la atención al alumnado, la coordinación docente y las condiciones profesionales del profesorado.
Asimismo, FSIE destaca que el Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad en su Dictamen 1/2026 que la reducción de la carga lectiva debía extenderse también al profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos, reforzando así el carácter razonable y justificado de esta reivindicación.
La organización fundamenta igualmente su reclamación en la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha reconocido la competencia del Estado para regular mediante normativa básica aspectos esenciales relacionados con la actividad docente en los centros sostenidos con fondos públicos, garantizando un tratamiento homogéneo dentro del sistema educativo.
Para FSIE, la exclusión del profesorado de la enseñanza concertada genera una diferencia de trato injustificada entre profesionales que prestan un mismo servicio público educativo financiado con fondos públicos y afecta igualmente al alumnado y a las familias que ejercen su derecho constitucional a elegir centro educativo.
En el escrito remitido al Defensor del Pueblo, FSIE solicita que se examine la actuación del Ministerio de Educación y que se formulen las recomendaciones oportunas para garantizar un tratamiento homogéneo y no discriminatorio entre todos los profesionales que integran el sistema educativo sostenido con fondos públicos.
FSIE considera que esta actuación no constituye una iniciativa aislada, sino una más de las múltiples acciones que la organización viene desarrollando para lograr la extensión de la reducción de la carga lectiva a todos los profesionales del sistema educativo sostenido con fondos públicos.
En este sentido, la organización recuerda las propuestas impulsadas en el Consejo Escolar del Estado, las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios, las iniciativas trasladadas al Ministerio de Educación, las movilizaciones convocadas en todo el territorio nacional y las distintas actuaciones institucionales desarrolladas durante los últimos meses para corregir una desigualdad que afecta a miles de trabajadores, alumnos y familias.
Asimismo, FSIE considera imprescindible que el Ministerio de Educación active de manera inmediata los grupos y comisiones de trabajo previstos en la legislación educativa para analizar el coste real del puesto escolar. La organización entiende que este trabajo resulta imprescindible para abordar con rigor la infrafinanciación que desde hace años afecta a una parte del sistema público educativo y que dificulta avanzar en mejoras esenciales para el profesorado, el personal de administración y servicios y la calidad educativa que reciben millones de alumnos y familias.
Para FSIE, la reducción de la carga lectiva, la mejora de las condiciones del PAS y la financiación suficiente de la enseñanza concertada forman parte de un mismo objetivo: garantizar unas condiciones equivalentes para todos los profesionales que prestan servicio en el sistema educativo sostenido con fondos públicos.
La organización sindical reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores de la enseñanza concertada y con la construcción de un sistema educativo más cohesionado, más justo y más respetuoso con la igualdad de oportunidades, la libertad de elección de las familias y la calidad educativa.
Porque si la enseñanza concertada forma parte del servicio público educativo, también debe participar de las mejoras que contribuyen a fortalecerlo.
“Mismo servicio público, mismas condiciones”
#ConcertadaTambién