El Gobierno ha presentado el nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos (2025-2028) como un hito histórico: una subida total del 11,4% —incluyendo el efecto arrastre— que, según los sindicatos firmantes, permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Sin embargo, cuando se analizan las cifras con rigor y se contrastan con las previsiones económicas reales, el triunfalismo se desmorona.
El pacto, lejos de cerrar la brecha abierta desde 2022, consolida una pérdida de poder adquisitivo cercana al –0,2% al finalizar 2028, según estimaciones basadas en las previsiones de inflación del Banco de España, la OCDE y analistas privados. Es decir, los empleados públicos seguirán siendo ligeramente más pobres que en 2022, pese a cuatro años consecutivos de subidas.
Las cuentas que no cuadran
El relato sindical se sustenta en un supuesto casi irreal: que la inflación media entre 2025 y 2028 será de solo un 1,55% anual. Bajo ese escenario —que ni el Banco Central Europeo contempla hoy— los sindicatos obtienen una supuesta “recuperación” del +2,9% del poder adquisitivo.
Pero la economía no funciona con deseos. Las previsiones actuales sitúan la inflación futura entre el 2,1% y el 2,3% anual, muy por encima del cálculo utilizado para comunicar el acuerdo. Aplicando ese escenario, la fotografía cambia por completo:
- Pérdida real acumulada entre 2022 y 2025: –2,8%
- Ganancia real estimada entre 2026 y 2028: +2,6%
- Pérdida total estimada al finalizar 2028: –0,2%
El acuerdo, por tanto, reduce parcialmente la brecha, pero no repara el deterioro acumulado en los salarios reales de millones de empleados públicos. Incluso con la subida del 11,4%, el resultado final es un sueldo que, ajustado por inflación, seguirá por debajo del nivel que tenían antes de la crisis de precios.
Más política que economía
La firma del acuerdo permite al Ejecutivo mostrar estabilidad y diálogo social en un contexto político complejo, pero no resuelve el problema de fondo: la erosión del salario real desde 2022.
En esos tres primeros años, la inflación desbordada devoró gran parte de los salarios públicos mientras las subidas aplicadas eran insuficientes para compensarla. El nuevo acuerdo intenta corregir parte del daño, pero llega tarde y se queda corto. Pese a ello, los firmantes han optado por una comunicación triunfalista que no resiste el escrutinio técnico.
La enseñanza concertada, un argumento engañoso
Uno de los mensajes difundidos por algunos sindicatos firmantes sostiene que este acuerdo beneficiará también al personal de la enseñanza concertada. La afirmación, aunque técnicamente cierta, es profundamente engañosa.
Los docentes y profesionales de la concertada no reciben estas mejoras porque los sindicatos firmantes del acuerdo general lo hayan negociado pensando en ellos. Las percibirán gracias a los acuerdos de equiparación salarial conquistados por FSIE, sindicato mayoritario en el sector, en las distintas comunidades autónomas.
La equiparación —que vincula la evolución salarial de la concertada a la de los empleados públicos— no nace del acuerdo estatal, sino del trabajo continuo de FSIE en los ámbitos autonómicos. Intentar apropiarse ahora del impacto del pacto en un sector donde ni han liderado las negociaciones ni ostentan representatividad mayoritaria resulta, como mínimo, oportunista.
Más allá de la crítica: lo que FSIE exige ahora
Pese a la insuficiencia del acuerdo, existe un consenso claro en el sector educativo: es imprescindible que las subidas se apliquen cuanto antes. En este punto, FSIE ha sido contundente. El sindicato reclama celeridad máxima para que las mejoras retributivas previstas se trasladen sin demora a las administraciones autonómicas y, desde ahí, a las nóminas de miles de trabajadores de la enseñanza concertada.
FSIE también ha advertido de que, aunque la subida pueda ser bienvenida, no es suficiente para cumplir la equiparación gradual que garantiza la Ley Orgánica de Educación. Para que esa equiparación sea real y no meramente teórica, el Ministerio deberá establecer incrementos adicionales y específicos para el personal de la concertada, que todavía arrastra diferencias históricas respecto a los docentes de la pública.
El mensaje de FSIE es claro:
- Aplicar ya lo firmado.
- Mejorarlo después con subidas superiores que permitan avanzar en la equiparación legalmente reconocida.
Una postura que contrasta con el tono autocomplaciente de quienes han presentado el acuerdo como un éxito rotundo.
Un pacto que exige más honestidad y menos propaganda
El acuerdo salarial 2025-2028:
- No recupera el poder adquisitivo perdido, solo mitiga parcialmente la pérdida.
- Se comunica desde una previsión de inflación excesivamente optimista que ningún organismo independiente respalda.
- Permite al Gobierno exhibir estabilidad, pero no repara el desgaste salarial sufrido desde 2022.
- Y se utiliza incluso para reivindicar supuestos avances en sectores —como la enseñanza concertada— donde el mérito pertenece a organizaciones como FSIE.
En este contexto, las exigencias del sindicato mayoritario del sector educativo apuntan a algo que debería guiar cualquier política retributiva seria: menos propaganda, más rigor y un compromiso real con la equidad salarial.