El Sindicato confía en que el Ministerio consulte con la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada sus propuestas
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha reclamado al Ministerio de Educación y Formación Profesional que abra un espacio de negociación y diálogo con los representantes de la enseñanza concertada tras la reunión que la ministra, Pilar Alegría, mantuvo en la mañana de ayer con las Comunidades Autónomas y los sindicatos de la pública.
La titular del ministerio ha dado a conocer un documento con 24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente que inciden en la formación inicial, el acceso a la profesión docente, la formación permanente y el desarrollo profesional.
FSIE solicita al Ministerio que este documento sea debatido y negociado con los representantes sindicales de los docentes de la enseñanza concertada y privada ya que “cerca del 30% de los docentes que ejercen la profesión lo hacen en estos centros y no pueden ser excluidos del debate de una regulación tan importante y largamente reivindicada por nuestro sector” ha señalado su secretario general, Jesús Pueyo.
Cuestiones como el acceso a la formación inicial, la formación permanente, el acceso a centros privados o la carrera profesional son asuntos que conciernen directamente a los docentes de centros concertados y privados y FSIE, como sindicato mayoritario del sector, reclama al Ministerio participar en el debate de estos y otros asuntos de suma relevancia que figuran en el documento de propuestas.
“Estamos de acuerdo en modificar el acceso a la formación inicial, para que el sistema tenga calidad hay que atraer a los mejores profesionales y adecuar la oferta de formación universitaria a las necesidades reales del sistema educativo” ha recalcado Pueyo.
En la reunión del pasado mes de noviembre, FSIE ya expuso a la ministra la importancia de regular la profesión docente y desarrollar el marco de una carrera profesional que, en el caso de los docentes de centros concertados, ha de ser análoga a sus homólogos de la función pública ya que ambos colectivos ejercen en centros sostenidos con fondos públicos.
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