El Proyecto de Ley de los PGE 2022 contempla una subida del 2% en los módulos de concierto.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), sindicato independiente mayoritario en la enseñanza concertada en España con más de un 44% de la representación sindical nacional en el sector, denuncia, por insuficiente, la propuesta del Gobierno de incrementar un 2% en todas las partidas de los módulos económicos de los conciertos educativos en las diferentes etapas.
En el año 2021 todas las partidas subieron el 0,9% mientras que el IPC se estimado por el propio Gobierno que terminará, a 31 de diciembre de este año, en torno al 2,2%. Por lo tanto, “este año los trabajadores tendremos una nueva pérdida de poder adquisitivo en torno a un 1,1% que se suma a las pérdidas acumuladas en años anteriores”, señala el Secretario General de FSIE, Jesús Pueyo.
Además, como viene denunciando de forma reiterada FSIE, la aplicación de la misma subida porcentual que a los funcionarios públicos supone incrementar las diferencias salariales existentes entre los profesionales de la concertada y sus homólogos de la pública, en lugar de cumplir con la equiparación salarial de los docentes en pago delegado establecida en el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación.
FSIE traslada al Ministerio de Educación y Formación Profesional la urgencia de alcanzar un acuerdo para avanzar en el proceso de equiparación salarial y recuperación del poder adquisitivo perdido por los profesionales del sector en estos últimos años.
El sindicato solicita también la constitución en este curso de la mesa que, en el marco de la Conferencia Sectorial y con participación de las organizaciones sindicales y patronales, tiene que determinar el coste real del puesto escolar para que la financiación de los módulos de los conciertos garantice la gratuidad total de la enseñanza.
FSIE reclama al Gobierno el incremento de la dotación de los módulos económicos de los conciertos educativos para hacer realidad las necesarias y merecidas mejoras salariales de sus profesionales, docentes y no docentes, así como la adecuada financiación de los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los centros.
“La administración debe garantizar la adecuada provisión de recursos tanto de los centros públicos como de los concertados ya que ambos forman parte de la red dual del sistema público educativo”, concluye Jesús Pueyo.