La organización presenta dos informes alternativos ante el Consejo Escolar del Estado y denuncia la falta de negociación con los representantes de la enseñanza concertada y privada, así como la ausencia de una evaluación de las consecuencias sobre el empleo y la viabilidad de los centros.
FSIE ha solicitado la retirada de los proyectos de real decreto que modifican los requisitos mínimos de los centros educativos y regulan la garantía de calidad de los centros privados de Formación Profesional. La organización considera que ambas iniciativas incorporan exigencias que afectan directamente a los profesionales y al funcionamiento de los centros sin acompañarlas de financiación suficiente, mejoras laborales ni garantías para mantener el empleo.
Ante esta situación, FSIE ha presentado dos informes alternativos ante el Consejo Escolar del Estado, ha votado en contra de la admisión de ambos proyectos y ha formulado voto particular. Según destaca la organización, ha sido el único sindicato que ha presentado informes alternativos a las dos iniciativas.
Enlace a los votos particulares:
FSIE denuncia que el Ministerio de Educación ha impulsado estas normas sin consultar ni negociar su contenido con los representantes de los trabajadores y de los centros de la enseñanza concertada y privada, mientras que sí ha mantenido interlocución con los sindicatos de la enseñanza pública. Para FSIE, cualquier reforma que afecte al sector debe contar con la participación efectiva de sus representantes en los espacios correspondientes.
La organización también cuestiona que los proyectos no evalúen ni cuantifiquen sus consecuencias sobre las condiciones laborales, los puestos de trabajo y la organización y viabilidad de los centros. Introducir nuevas obligaciones exige conocer su impacto y prever los recursos necesarios para aplicarlas, evitando que su coste recaiga sobre las plantillas o las familias.
En relación con la reducción de alumnos por aula, FSIE defiende que esta mejora debe acompañarse de financiación suficiente. Su aplicación debe permitir una atención educativa de mayor calidad y proteger, al mismo tiempo, el empleo y la continuidad de los centros.
Esta preocupación resulta especialmente relevante en Educación Infantil de 0 a 3 años, donde una reducción de ratios sin respaldo económico puede comprometer numerosos puestos de trabajo, ocupados mayoritariamente por mujeres. FSIE advierte de que las familias no pueden asumir incrementos de cuotas que compensen la pérdida de ingresos de los centros y reclama una financiación que haga compatibles la mejora educativa, unas condiciones laborales dignas y la accesibilidad de esta etapa.
Respecto a la climatización y el confort térmico, FSIE exige financiación equivalente para todos los centros sostenidos con fondos públicos, así como mecanismos de apoyo para los centros privados. La organización denuncia que las ayudas aprobadas hasta el momento se han dirigido exclusivamente a los centros públicos y recuerda que la protección de la salud y la seguridad debe alcanzar a todos los profesionales y al alumnado.
FSIE considera, además, que los proyectos aumentan las exigencias sin incorporar medidas que faciliten el trabajo de los profesionales, reduzcan la burocracia o mejoren sus condiciones laborales. La calidad educativa necesita recursos, tiempo y plantillas suficientes para responder a las nuevas obligaciones.
En Formación Profesional, la organización rechaza que se impongan requisitos exclusivamente a los centros privados, algunos de los cuales afectan también a los concertados, sin una justificación suficiente de las diferencias por titularidad. Si el objetivo es garantizar la calidad, los requisitos deben responder a criterios comunes, sustentados en una evaluación rigurosa de su necesidad y de sus efectos.
FSIE mantendrá su trabajo para garantizar el empleo de los profesionales de la enseñanza concertada y privada y mejorar las condiciones del personal docente, complementario y de administración y servicios. Sus prioridades incluyen avanzar hacia la igualdad de condiciones por la realización de un mismo trabajo, conseguir la gratuidad y la financiación suficiente de la Educación Infantil de 0 a 3 años y del Bachillerato y evitar diferencias de trato injustificadas respecto a los profesionales y centros públicos. En este contexto, la organización recuerda que las elecciones sindicales permiten a los trabajadores respaldar a quienes defienden sus derechos con propuestas y actuaciones concretas ante las instituciones.