El sindicato denuncia la falta de diálogo con los representantes de los trabajadores de la enseñanza concertada y privada y advierte del riesgo que la reforma de Infantil puede suponer para unos 60.000 puestos de trabajo.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha presentado en el Consejo Escolar del Estado dos informes alternativos en los que solicita la retirada de los proyectos de real decreto sobre requisitos mínimos de los centros educativos y garantía de la calidad de los centros privados de Formación Profesional. La organización reclama al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte la negociación de nuevos textos que cuenten con financiación suficiente y garantías para el empleo.
FSIE defiende la reducción de las ratios y la mejora de la calidad educativa. Su aplicación debe permitir una atención más personalizada al alumnado y mejores condiciones laborales para los profesionales. Por ello, el sindicato considera imprescindible evaluar las consecuencias de las nuevas exigencias y dotarlas de recursos que permitan mantener el empleo y reforzar las plantillas donde sea necesario.
Diálogo con los representantes de los trabajadores
La organización denuncia que los proyectos se han abordado en la mesa sectorial de la enseñanza pública, sin un proceso equivalente en la enseñanza concertada ni una interlocución efectiva con los representantes de los trabajadores y de los centros privados.
FSIE recuerda que la disposición adicional decimoctava de la LOE contempla las mesas sectoriales de la enseñanza pública y concertada como cauces de negociación, consulta y acuerdo en los asuntos que lo precisen. Reclama que los profesionales afectados participen, a través de sus representantes, en la negociación de unas medidas que inciden directamente en sus condiciones de trabajo.
Proteger el empleo en Educación Infantil
Una de las principales preocupaciones se sitúa en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años. FSIE advierte de que la propuesta podría poner en riesgo alrededor de 60.000 puestos de trabajo y comprometer la continuidad de más de 4.000 centros privados en España.
La protección de estos trabajadores, mayoritariamente mujeres, debe ocupar un lugar central en la reforma. Reducir las ratios sin financiar el coste real de su aplicación puede provocar cierres y pérdida de empleo, además de reducir las plazas disponibles o trasladar a las familias incrementos de cuotas inasumibles.
Por ello, FSIE reclama vías de financiación mediante conciertos, convenios o subvenciones, según corresponda, que hagan viable la mejora de las ratios y garanticen la continuidad de las escuelas infantiles y de sus plantillas. La mejora de la atención educativa debe ir acompañada de una mejora efectiva de las condiciones de quienes la hacen posible cada día.
Financiación y adaptación en la FP privada
En Formación Profesional, FSIE exige que las nuevas condiciones para los centros privados se negocien y vayan acompañadas de una evaluación de su impacto laboral.
La organización pide financiación adecuada y un periodo transitorio suficientemente amplio para que los centros que cumplen la normativa vigente puedan adaptarse con garantías de continuidad del empleo.
Climatización y salud laboral en todos los centros
FSIE reclama también recursos para la climatización de los centros educativos, una cuestión que afecta directamente a la salud laboral del profesorado, del personal de administración y servicios y del resto de profesionales, así como al bienestar del alumnado.
El sindicato denuncia que la dotación de 200 millones de euros aprobada por el Gobierno para mejorar la eficiencia energética y la climatización de edificios educativos de titularidad pública deja fuera a los centros concertados, que también prestan el servicio público de la educación.
FSIE reitera su demanda de un Plan Nacional de Climatización, financiado por el Gobierno y las comunidades autónomas. Reclama recursos mediante la actualización de los módulos de conciertos y mecanismos de financiación para los centros privados que permitan afrontar las inversiones necesarias y garantizar condiciones saludables de trabajo.