La organización pide que el incremento previsto para 2027 se aplique al profesorado y que la actualización de «otros gastos» permita negociar una mejora equivalente para el personal de administración y servicios.
El Gobierno reiteró el 20 de octubre su compromiso de aplicar a los empleados públicos una subida del 4,5 % en 2027, aunque la norma que debe aprobarla sigue pendiente. FSIE ha solicitado que ese incremento llegue también al profesorado de la enseñanza concertada y que se actualice la partida de «otros gastos» de los módulos económicos, para que a través de la negociación colectiva se pueda implementar en el convenio con subidas equivalentes al personal de administración y servicios.
La solicitud se registró el lunes 19 de octubre y se dirigió al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. FSIE pide que la misma norma que regule la subida del sector público actualice un 4,5 % todas las partidas de los módulos económicos de los conciertos educativos, en todos sus niveles.
La organización considera que la actualización es viable y que su aprobación depende de una decisión política del Gobierno. En estos días, el Ejecutivo está impulsando numerosas iniciativas normativas sobre distintas materias; FSIE sostiene que esta medida también puede incorporarse a la norma que regule el incremento salarial del sector público.
La aplicación al profesorado tendría incidencia directa en los salarios de más de 130.000 docentes, abonados mediante pago delegado. En el caso del personal de administración y servicios, la actualización de «otros gastos» aportaría financiación para negociar una mejora equivalente en sus nóminas. Esta subida no se trasladaría automáticamente, sino que tendría que abordarse mediante la negociación colectiva.
La propuesta comprende también las partidas de gastos variables y las destinadas al funcionamiento de los centros. FSIE pide que la actualización se tramite junto con la subida del sector público para evitar demoras e incertidumbre en la financiación de los salarios y de los centros concertados.