La organización considera inadmisible que Educación avance en una reforma que afectará directamente a los centros concertados y a sus trabajadores sin contar con sus organizaciones sindicales representativas y reclama financiación suficiente para garantizar la viabilidad de los centros y el mantenimiento del empleo.
FSIE muestra su preocupación ante las propuestas que está preparando el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para modificar el Real Decreto 132/2010, que regula los requisitos mínimos de los centros docentes, y que contemplan importantes cambios en las ratios, las instalaciones y los espacios que deberán reunir los centros educativos.
La reforma puede introducir nuevas exigencias relativas a espacios de dirección, coordinación y orientación, salas de profesores, zonas destinadas a las asociaciones de familias y alumnado, climatización y confort térmico, así como requisitos específicos para Educación Infantil relacionados con la superficie de las aulas, patios, salas polivalentes, aseos y otros espacios.
FSIE comparte cualquier iniciativa dirigida a mejorar la calidad de la educación, la atención al alumnado y las condiciones en las que los profesionales desarrollan su trabajo. La reducción de ratios constituye, además, una reivindicación que nuestra organización viene defendiendo. Sin embargo, medidas de esta trascendencia no pueden abordarse sin diálogo con todos los sectores a los que van a afectar ni sin analizar previamente sus consecuencias laborales, organizativas y económicas.
Resulta especialmente preocupante que el Ministerio esté trabajando estas cuestiones con organizaciones sindicales de la enseñanza pública cuando la propia Administración reconoce que las modificaciones tendrán efectos también sobre los centros privados y concertados.
FSIE considera difícilmente justificable que quienes representan a miles de trabajadores de la enseñanza concertada permanezcan al margen de una negociación cuyas decisiones van a modificar directamente las condiciones en las que desarrollan su actividad profesional y el funcionamiento de sus centros.
No es la primera vez que sucede. FSIE ya denunció en 2024 que las modificaciones introducidas entonces en el Real Decreto 132/2010 se habían llevado a cabo sin diálogo previo ni negociación con la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada. Dos años después, ante una reforma de mucha mayor profundidad, el Ministerio vuelve a mantener al margen de los trabajos a una parte de las organizaciones representativas de los trabajadores que deberán convivir diariamente con sus consecuencias.
Esta ausencia de diálogo resulta todavía más preocupante cuando las nuevas exigencias pueden requerir importantes inversiones y modificaciones estructurales en numerosos centros.
Reducir ratios, mejorar los espacios educativos, reforzar la orientación o garantizar unas condiciones térmicas adecuadas son objetivos positivos. Pero cualquier nueva obligación debe ir acompañada de los recursos económicos necesarios para hacerla posible. En la enseñanza concertada no puede aprobarse primero la exigencia y dejar para después la cuestión de cómo financiarla.
La reducción del número de alumnos por unidad también debe analizarse conjuntamente con el sistema de financiación de los conciertos educativos. Si las nuevas ratios implican la necesidad de incrementar unidades, plantillas o espacios, las administraciones educativas deberán garantizar los recursos correspondientes. De lo contrario, una medida concebida para mejorar la calidad educativa podría terminar generando dificultades económicas y organizativas en determinados centros.
Especial preocupación merece la situación de los centros de Educación Infantil y de aquellos que, por su antigüedad, dimensiones o configuración arquitectónica, puedan tener mayores dificultades para adaptarse a los nuevos requisitos materiales. Exigir reformas estructurales sin periodos transitorios suficientes, mecanismos de flexibilización y financiación específica puede poner en riesgo la continuidad de determinados proyectos educativos.
Y detrás de la viabilidad de cada centro están sus trabajadores.
FSIE advierte de que cualquier reforma que afecte a la organización, al número de unidades o a la sostenibilidad económica de los centros puede tener consecuencias directas sobre el empleo. Por ello, el impacto laboral debe analizarse antes de aprobar las medidas y no cuando sus efectos sean irreversibles.
La organización reclama que la reforma incorpore una memoria económica rigurosa, financiación suficiente para su aplicación, periodos transitorios razonables y mecanismos que permitan atender las diferentes realidades de los centros, especialmente cuando existan dificultades materiales para realizar determinadas adaptaciones.
FSIE recuerda, además, que el propio Ministerio ha manifestado públicamente que estas reformas deben desarrollarse mediante procesos de diálogo y colaboración con las comunidades autónomas, los agentes sociales y las entidades que prestan el servicio educativo. Ese diálogo no puede excluir precisamente a quienes representan a una parte importante de los profesionales sobre los que recaerá la aplicación de la nueva normativa.
Por todo ello, FSIE exige al Ministerio de Educación la convocatoria inmediata de las organizaciones sindicales y patronales representativas de la enseñanza concertada y la apertura de un verdadero proceso de negociación antes de continuar avanzando en la modificación del Real Decreto 132/2010.
No cuestionamos la necesidad de mejorar. Reclamamos que las mejoras sean viables, estén suficientemente financiadas y se negocien con todos.
Una reforma destinada a mejorar la educación no puede construirse sin escuchar a una parte de quienes cada día la hacen posible.
