La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha intensificado su acción institucional para lograr que la reducción de la carga lectiva contemplada en el Anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia se extienda también al profesorado de los centros privados concertados, que forman parte del servicio público de la educación.
“El Anteproyecto presentado por el Gobierno contempla la reducción de la carga lectiva semanal del profesorado como una medida destinada a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la función docente y, en consecuencia, la calidad del sistema educativo. Sin embargo, esta reducción se prevé únicamente para el profesorado de los centros públicos, excluyendo al profesorado de los centros concertados a pesar de que estos también forman parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos y desarrollan el mismo currículo oficial”, explica Enrique Ríos, secretario general de FSIE.
Una reivindicación avalada por el Consejo Escolar del Estado
La posición defendida por FSIE cuenta además con un respaldo institucional de especial relevancia. El Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de la comunidad educativa aprobó por unanimidad en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley la necesidad de extender la reducción de la carga lectiva al profesorado que presta el servicio público de la educación a través de los centros privados concertados, en coherencia con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica de Educación.
La propuesta defendida por FSIE fue previamente aprobada en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado y posteriormente ratificada por unanimidad en el Pleno, lo que evidencia el amplio consenso existente en la comunidad educativa sobre esta cuestión.
Acción institucional ante las Comunidades Autónomas
Paralelamente, FSIE ha trasladado esta reivindicación a los consejeros de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, solicitando su apoyo en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, órgano de cooperación entre el Ministerio y las administraciones educativas autonómicas.
El objetivo de esta iniciativa ha sido que las comunidades autónomas defiendan la extensión de esta medida a todo el profesorado que presta el servicio público educativo, evitando una discriminación injustificada entre docentes que desarrollan su labor dentro del mismo sistema educativo.
FSIE subraya que su actuación responde a una estrategia sindical responsable, rigurosa y eficaz, basada en el trabajo institucional, el diálogo y la defensa de propuestas concretas que permitan mejorar realmente las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza concertada.
El sindicato apuesta por acciones útiles, técnicamente fundamentadas y orientadas a obtener resultados efectivos para los trabajadores.
FSIE redoblará sus esfuerzos durante la tramitación de la ley
La organización sindical ha anunciado que redoblará sus esfuerzos durante la tramitación de la ley para que se incorpore la extensión de la reducción de la carga lectiva al profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos, incluyendo la enseñanza concertada.
Para FSIE, resulta incomprensible que una medida que el propio Gobierno considera necesaria para mejorar la calidad educativa y las condiciones del profesorado no se aplique a todos los docentes que forman parte del servicio público de la educación.
Una campaña estratégica a largo plazo
Esta acción se enmarca en la campaña “Mismo trabajo, mismos derechos”, impulsada por FSIE, que tiene como objetivo lograr la equiparación real y efectiva de las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza concertada con las de sus homólogos de la enseñanza pública, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación.
FSIE subraya que esta campaña no responde a una acción puntual ni a intereses coyunturales, sino a una estrategia sostenida en el tiempo destinada a garantizar la igualdad de derechos para todos los profesionales que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos.
Asimismo, la organización sindical defiende que la libertad de elección de centro por parte de las familias solo puede ejercerse plenamente si todos los centros sostenidos con fondos públicos cuentan con condiciones laborales equivalentes para sus docentes y con una financiación suficiente que garantice la calidad del sistema educativo en su conjunto.
FSIE continuará trabajando con firmeza en todas las instancias institucionales para alcanzar estos objetivos y defender los derechos del profesorado de la enseñanza concertada.