Respetando las medidas de seguridad y de participación impuestas por la COVID-19, representantes de la Plataforma Más Plurales, acompañados del máximo de participantes permitidos por Delegación del Gobierno debido a la crisis sanitaria, han vuelto a concentrarse frente al Congreso de los Diputados, esta vez con el respaldo de los más de un millón de firmas ya conseguidas, para volver a pedir la retirada de la Ley Celaá; una ley que se está tramitando de manera exprés en el Parlamento a espaldas de la comunidad educativa y que contiene medidas que suponen una restricción de las libertades públicas y un control absoluto del Estado sobre la educación y la elección de las familias.
La Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, ha conseguido ya más de un millón de firmas en su campaña contra la Ley Celaá, a la que acusan de ir contra los modelos educativos vigentes y que supone un flagrante ataque contra las libertades democráticas que reconoce nuestra Constitución. De hecho, esta ley margina la libertad de elección de las familias, suprime la demanda social, convierte la asignatura de Religión (elegida de manera voluntaria y democrática por millones de familias) en una asignatura marginal, expulsa a la Enseñanza Diferenciada del derecho al concierto educativo (reconocido por sentencias recientes) y, en definitiva, convierte a la enseñanza pública en el único referente educativo, ya que la enseñanza concertada pasa a ser subsidiaria.
Las más de 1.180.000 firmas recogidas en tan breve espacio de tiempo (la campaña comenzó el 28 de octubre) confirman lo que la Plataforma Más Plurales ya había advertido con contundencia: que la Ley Celaá no es una ley de consenso y que sus objetivos no son educativos sino ideológicos. Además, estamos viendo cómo los contenidos de la Ley de Educación se están convirtiendo en moneda de cambio de las negociaciones políticas.
Esta ley también está provocando un importante rechazo social en la sociedad por las formas en que se está tramitando en el Parlamento, pues no es de recibo que se esté haciendo en medio de estas circunstancias actuales por culpa de la pandemia, con las familias, los docentes y los colegios trabajando para que las clases se desarrollen de la mejor manera posible. Además, los dos partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han rechazado por primera vez que la comunidad educativa pueda participar en los debates de esta Ley. Claramente, lo último que desean estos partidos es un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que la sociedad demanda constantemente.
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