La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha remitido un escrito al Presidente del Gobierno exigiendo la aprobación inmediata de un permiso retribuido para los padres, madres o tutores legales que deban quedarse en su domicilio como consecuencia de que sus hijos estén en cuarentena por COVID-19.
A pesar de que el Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció la aprobación de una baja laboral por esta causa e incluso el Secretario de Estado de Derechos Sociales manifestara hace semanas que “esta baja es una medida esencial que será aprobada por el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo”, lo cierto es que el Gobierno sigue sin dar solución a este problema que ya está afectando a un número importante de familias.
El cierre de aulas se ha producido desde el mismo momento en que comenzó el curso escolar y esta situación puede reproducirse a lo largo de todo el curso afectando de forma negativa a la conciliación de la vida familiar y laboral así como a la economía de las familias que se ven obligadas a solicitar excedencias o permisos no retribuidos para cuidar de sus hijos.
Por otro lado, se hace necesario reconsiderar la clasificación del nivel de riesgo que afecta a los trabajadores de centros educativos al desarrollar su función en aulas con hasta 30 personas sin mantener la distancia de seguridad, lo que implica el posible contacto con personas tanto asintomáticas como sintomáticas. Actualmente, están considerados como personal de “Nivel de riesgo 1” correspondiente a personas con “similar riesgo al comunitario y cuyo trabajo se realiza sin contacto con personas sintomáticas”. Obviamente esta clasificación no responde a la realidad y debe ser modificada.
Finalmente, FSIE denuncia la situación del profesorado y personal de administración y servicios que se encuentran dentro de los grupos de personas sensibles a la COVID y solicita al Gobierno que garantice que todo el personal que por sus circunstancias personales se identifica con estos grupos se le reasignen funciones en condiciones seguras (sin contacto directo con el alumnado o público en el caso de profesionales de centros educativos) o, en su caso, se les reconozca una incapacidad temporal. En estos momentos hay muchos profesionales que se han encontrado con la negativa de ser considerados personal sensible, tanto por la Seguridad Social como por las Mutuas, lo que les pone en serio riesgo.
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