Hace un año que se empezó a hablar de la COVID-19 y lamentablemente nos encontramos en una situación muy similar. La descoordinación e incluso enfrentamiento entre el Gobierno y Comunidades Autónomas y la disparidad de criterios a aplicar por las administraciones públicas ante situaciones iguales o similares siguen siendo uno de los problemas más serios para hacer frente a la pandemia y que preocupan gravemente a la sociedad.
La falta de previsión nos lleva a situaciones como la actual en la que, como ya se sabía al menos desde agosto de 2020, los centros educativos y asistenciales deben ser ventilados reiteradamente con temperaturas gélidas propias del rigor del invierno. El Gobierno no ha tomado decisión o iniciativa alguna para paliar o mejorar esta situación previsible y es evidente que las condiciones de las aulas y edificios no son las adecuadas y no permiten un razonable confort climático.
Además, las mediciones de la calidad del aire que se están realizando en las aulas, también ponen de manifiesto que, en condiciones absolutamente normales, se supera con creces el nivel de CO2 existente, siendo imprescindible ventilar las aulas.
Es evidente que los centros educativos y de atención a personas con discapacidad no reúnen las condiciones ni disponen de instalaciones adecuadas para garantizar una calidad de aire mínima para el alumnado, usuarios y trabajadores, con independencia de la climatología existente.
FSIE requiere al Gobierno de España en coordinación con las Comunidades Autónomas, la elaboración, aprobación y financiación de un Plan Nacional de Adecuación Climática de todos los centros con el objeto de garantizar, en cualquier circunstancia, los niveles de calidad del aire exigibles en los edificios y el confort climático necesario para desarrollar adecuadamente la actividad en estos centros.
Finalmente, FSIE también solicita al Gobierno y Comunidades Autónomas que, una vez vacunados todos los trabajadores del sistema sanitario, los trabajadores y residentes de los centros de mayores y sociosanitarios y las personas vulnerables, se determine expresamente que los trabajadores de centros educativos y de atención a personas con discapacidad sean colectivo prioritario en el proceso de vacunación en el conjunto del Estado evitando diferencias territoriales en este proceso.
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