De no ser así habrá afectados que optarán por no vacunarse o incluso iniciar reclamaciones judiciales.
La gestión en el Gobierno del proceso de vacunación ha estado presidida por constantes cambios e improvisaciones que han trasladado a millones de ciudadanos una clara inseguridad y desconfianza sobre un asunto tan importante y sensible para la sociedad.
La última decisión de suspender la segunda dosis de AstraZeneca a personal esencial que ya había recibido la primera ampliándose, además, el periodo de inoculación de 12 a 16 semanas, ha dejado en el limbo a muchas personas que siguen desorientadas y no reciben explicaciones convincentes por parte de la Administración.
FSIE exige al Gobierno, al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas que la decisión que se ha anunciado para esta misma semana en cuanto a continuar con la segunda dosis de AstraZeneca o cambiar a una vacuna de otra farmacéutica, esté basada en evidencias científicas muy sólidas y contrastadas y que se hagan públicos los organismos e instituciones científicas que la avalan.
Si las evidencias científicas no resultasen definitivas y concluyentes, el Gobierno y las Comunidades Autónomas deben proteger la salud de estos ciudadanos garantizando entornos de trabajo seguros para estos trabajadores.
De no ser así, la falta de confianza generada en la ciudadanía hará que muchas personas que ya han recibido la primera dosis opten por no ponerse la segunda. En el caso de que la decisión sea combinar AstraZeneca con otra vacuna diferente deberán aportarse los estudios científicos contrastados que respalden tal decisión pues de lo contrario podrían comenzar a interponerse reclamaciones judiciales por daños y perjuicios.
FSIE espera y confía que los responsables políticos tomen la decisión final en base a lo que la comunidad científica y organismos internacionales determinen y actúen con transparencia y unidad para transmitir total seguridad y confianza a la población.
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