La organización sindical rechaza las declaraciones del Ministerio y recuerda que la carga lectiva forma parte de la ordenación del sistema educativo y exige decisiones de carácter normativo y presupuestario que corresponden exclusivamente a las Administraciones Públicas.
FSIE ha trasladado escrito dirigido a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes mostrando su desacuerdo con las recientes declaraciones en las que sostiene que la extensión de la reducción de la carga lectiva al profesorado de la enseñanza concertada no es competencia del Gobierno y debe abordarse a través de la negociación colectiva.
Para FSIE, esta afirmación confunde dos conceptos jurídicamente distintos: la jornada laboral y la carga lectiva.
La jornada de trabajo forma parte de las condiciones laborales que pueden ser objeto de negociación colectiva. Sin embargo, la carga lectiva constituye una cuestión diferente, ya que afecta directamente a la organización del sistema educativo y a la financiación pública necesaria para garantizar la prestación del servicio.
Por ello, la reducción de la carga lectiva no puede ser presentada como una materia cuya solución dependa de la negociación colectiva. Ninguna mesa negociadora tiene capacidad para crear las plantillas necesarias, modificar los módulos económicos de conciertos educativos o aprobar los recursos presupuestarios imprescindibles para hacer efectiva esta medida. Esa responsabilidad corresponde exclusivamente a los poderes públicos.
FSIE recuerda además que el propio Estado intervino en esta materia mediante el Real Decreto-Ley 14/2012, que incrementó la carga lectiva del profesorado. Aquella decisión fue recurrida por diversas comunidades autónomas y posteriormente avalada por el Tribunal Constitucional, que reconoció la competencia estatal para actuar en una materia vinculada a la ordenación general del sistema educativo y además consideró la necesidad de tener un tratamiento homogéneo en el servicio público educativo.
Por ello, resulta difícil sostener ahora, que el Estado tuvo competencias para aumentar la carga lectiva y carece de ellas cuando se trata de reducirla.
La organización sindical considera igualmente relevante que el Consejo Escolar del Estado aprobara por unanimidad la incorporación de la enseñanza concertada a las medidas relativas a la reducción de la carga lectiva, una posición respaldada por representantes de las Administraciones autonómicas educativas, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, familias, alumnado y expertos del ámbito educativo.
FSIE recuerda que la Ley Orgánica de Educación configura el servicio público educativo como una realidad integrada tanto por centros públicos como por centros privados concertados. Ambos forman parte del mismo servicio público y ambos contribuyen a garantizar el derecho a la educación.
Por ello, la organización sindical reclama al Ministerio que asuma la responsabilidad que le corresponde y promueva las modificaciones normativas y presupuestarias necesarias para que la reducción de la carga lectiva alcance también al profesorado de la enseñanza concertada.
No se trata de una cuestión de negociación colectiva. Se trata de una cuestión de voluntad política, de competencia administrativa y de coherencia con el propio concepto de servicio público educativo recogido en nuestro ordenamiento jurídico.
Mismo servicio público educativo. Mismas condiciones para sus profesionales.
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