El pasado jueves 24 de febrero, Enrique Ossorio, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid hizo pública la pérdida de los conciertos en los CFGS el próximo mes de junio para los once centros que lo habían recuperado vía judicial.
La denegación de renovación de las unidades de CFGS recogidas en la orden 2730/2013, de 28 de agosto, supuso suprimir los conciertos educativos de todos los Ciclos Formativos de Grado Superior.
Esta medida afectó a unos 50 colegios de la Comunidad de Madrid y fue una decisión tomada sin consenso y sin atender la opinión de los agentes sociales. La Consejería hizo caso omiso a la importante concentración de trabajadores del sector que exigían al Gobierno regional que rectificara la absurda y caprichosa decisión tomada.
Algunos colegios, concretamente 11, impugnaron la Orden. Años más tarde, en diciembre de 2016, una sentencia del Tribunal Supremo ratificaba la ilegalidad de la retirada de estos conciertos. Esta sentencia deja claro que la Administración Educativa no puede eliminar discrecionalmente los conciertos. Además, los conciertos educativos tienen una trascendencia constitucional.
Este hecho implicó la devolución de las unidades concertadas a los centros educativos que lo impugnaron. La sentencia reconoce el derecho de las familias a la libre elección de centro pese a tratarse, como es el caso, de niveles postobligatorios. Se señala un aspecto fundamental: debería suponer para los trabajadores la devolución con carácter retroactivo de las condiciones laborales. En el año 2017, siendo Consejero de Educación, Rafael Van Grieken, se negocia la vuelta a los conciertos y se acuerda lo que ahora está funcionando en los centros, un nuevo concierto de cuatro años.
A finales de diciembre de 2020 (es decir, a los tres años de ese acuerdo), la presidenta Isabel Díaz Ayuso prórroga por 10 años los conciertos educativos para “blindar”, supuestamente, a la Comunidad de Madrid de la “Ley Celaa”.
Con todo este interesante pasado, el Consejero de Educación Enrique Ossorio afirmó el pasado jueves 24 de febrero que el concierto de esos once centros desaparecerá en junio de 2022. Mostramos nuestro total desacuerdo con esta medida ya que creemos que aquella sentencia apostaba claramente por la devolución del concierto.
Con la Ley Maestra recientemente aprobada (esa ley que supuestamente blinda los conciertos) eliminarlos en centros con demanda social supone un grave daño para los colegios y un perjuicio evidente a las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores.
Por todo ello, exigimos a la Comunidad de Madrid que reflexione y reconsidere esta absurda e injusta decisión y que proceda a la renovación de estos conciertos, ampliando la medida a todos los Ciclos Formativos de Grado Superior para recuperar la situación previa a 2013.
