El Gobierno aprobó el pasado viernes prorrogar unas mejores condiciones de acceso a la jubilación parcial y el contrato de relevo hasta el año 2023 pero solo a los trabajadores del sector de la industria.
Parece ser que para el Ejecutivo millones de trabajadores en el país no merecen acceder a la jubilación parcial con dichas condiciones ni disfrutar en sus sectores del rejuvenecimiento de plantilla y la creación de empleo que propicia el contrato relevo.
FSIE denuncia además que en la enseñanza pública se aprobó un ambicioso plan de reposición que está suponiendo la contratación de miles de funcionarios y facilitando la jubilación del personal docente; medida que supone la discriminación, una vez más, de los profesionales de la educación concertada, privada y de atención a las personas con discapacidad.
De hecho, en nuestro sector el Gobierno impide la renovación de las plantillas, al obligando en la práctica a docentes y personal de administración y servicios a permanecer en sus puestos de trabajo hasta su jubilación total, impidiendo la renovación de las plantillas y la creación de empleo en el sector.
Ahora y ante la entrada en vigor de la nueva legislación en enero de 2019, que endurece significativamente las condiciones de acceso al contrato relevo, el Gobierno decide aplicar estas mejoras solo al sector de la industria discriminando, perjudicando y excluyendo de esta mejora social a millones de trabajadores a los que de facto se les cierra la posibilidad para acceder la jubilación parcial.
FSIE considera inaceptable que un gobierno establezca estas diferencias entre trabajadores introduciendo una brecha en un tema de tanto calado social y perjudicando con sus decisiones a millones de ciudadanos.
Por todo ello, la organización sindical exige al Gobierno y al Ministerio de Educación y Formación Profesional que tome las medidas necesarias para prorrogar la jubilación parcial y el contrato de relevo a todos los trabajadores de todos los sectores y, en el caso de la educación, actúe con equidad en el trato dispensado a los funcionarios y al resto de profesionales del sector concertado, privado y de atención a personas con discapacidad.