PSOE y Sumar han anunciado que habrá nuevo gobierno en los próximos días y han presentado su acuerdo programático de legislatura para los próximos 4 años. Resumimos a continuación algunas de las cuestiones laborales y educativas que más trascendencia pueden tener para los sectores a los que en FSIE representamos.
Sobre la educación pública y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades
● Apuesta por reforzar decididamente la educación pública avanzando en la financiación del sistema público, hasta lograr el 5% del PIB en inversión educativa, según lo previsto en la Ley Orgánica de Educación.
● Universalización de la educación de 0 a 3 años promoviendo su inclusión plena en el sistema educativo, así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas. Al final de la legislatura el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal.
● Ampliación de las ayudas para comedor y la disponibilidad de actividades educativas extraescolares, así como el horario de apertura de los centros , en beneficio del alumnado, las familias y los docentes.
● Desarrollo de una red pública suficiente de centros de formación profesional que garantice la cobertura de estos estudios, con particular hincapié en el desarrollo de la Formación Profesional Dual.
● Combate de la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos.
● Promoción de una educación basada en la tolerancia y el laicismo. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión seguirán sin computar en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos.
● Tolerancia cero ante el acoso. Refuerzo de los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia, respeto a la diversidad y resolución pacífica de conflictos. Se abordarán con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación y atender a sus víctimas.
● Nuevas medidas para enfrentar los retos actuales, como el acoso y la violencia en el ámbito digital y de las redes sociales, especialmente en relación con las menores y las más jóvenes.
● Refuerzo del Observatorio Estatal para la Convivencia con protocolos y medidas destinadas a prevenir y solventar los problemas de acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones, con las garantías para el alumno afectado y seguir impulsando estudios generales del estado de la convivencia en centros de educación primaria y secundaria, para realizar propuestas de mejora basadas en la evidencia científica.
● Impulso, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el Programa de gratuidad de libros de texto y ayudas para el material escolar.
● Promoción de la bajada de las ratios de alumnos de los centros públicos del país y una atención más personalizada al alumnado.
● Mejora de las condiciones laborales de los docentes de educación primaria y secundaria, y facilitaremos su formación permanente, su desarrollo profesional y su estabilidad laboral.
Respecto a los empleos, salarios y derechos de los trabajadores:
● Cúlmen de un Estatuto del Trabajo del siglo XXI. El desarrollo del trabajo por cuenta ajena incorporará expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que garanticen la sostenibilidad.
- Se reforzarán las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues, revisando las causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales.
- Se establecerán garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral.
- Se mejorará la información económica a disposición de los negociadores de los Convenios Colectivos de ámbito supra-empresarial, para posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad.
● Reducción de la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37,5 horas semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.
● Impulso de la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países de nuestro entorno.
● Aumento del SMI a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que crecerá acompasado al 60% del salario medio.
● Aprobación del Estatuto del Becario.
● Nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos casos, fuertemente feminizadas) a partir de cierta edad.
● Aprobación de una Ley integral de impulso a la economía social, relativa a la modificación de la Ley de cooperativas, la Ley de empresas de inserción y la Ley de la economía social.
Sobre los derechos sociales relacionados con el bienestar:
● Extensión del permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024.
● Revisión de la prestación por crianza para las familias con menores a cargo, unificando el actual Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF.
● Refuerzo y mejora del Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso, extendiéndose además los itinerarios de inclusión socio-laboral.
● Aprobación, en colaboración con las CCAA, de un marco común de Atención Temprana como servicio preventivo de posibles trastornos del desarrollo en niños y niñas entre 0 y 6 años.
● Aprobación de una Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, que declare estos servicios públicos como esenciales y promueva su universalización efectiva. Además, las ayudas de emergencia social estarán exceptuadas de la Ley de Subvenciones.
● Reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término «disminuidos» y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.
Más información:
Puedes consultar el acuerdo completo aquí.