FSIE MADRID ha registrado hoy 7 de septiembre una carta al consejero de educación e investigación de la CAM, Rafael van Grieken, con nuestras consideraciones al borrador del decreto que regulará los conciertos en nuestra comunidad.
FSIE MADRID reivindica una Comisión de Conciertos en la que estén presentes la administración educativa junto a las organizaciones empresariales y sindicales representativas del sector, y que este decreto fomente la participación de toda la comunidad educativa especialmente la de los trabajadores.
FSIE MADRID entiende que la Comunidad de Madrid debe garantizar el derecho no solo a la educación básica, sino también el derecho a la educación en general en las mismas condiciones de financiación que las enseñanzas no universitarias impartidas en los centros públicos. Esto supone mantener y, en su caso, extender el régimen de conciertos a los niveles de primer ciclo de Educación Infantil, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior y Bachillerato garantizando, con ello, la libertad de elección de centro docente por parte de las familias y reforzando la complementariedad de la red concertada. De no adoptar estas medidas, la administración tiene que ser consciente de que pone en peligro los puestos de trabajos de muchos profesionales de la enseñanza concertada.
FSIE MADRID insiste en que la asignación presupuestaria deberá ser suficiente como para poder sufragar los costes de las unidades concertadas aprobadas para cada curso escolar, de manera que la gratuidad absoluta del puesto escolar no suponga una carga económica para los centros.
FSIE MADRID solicita que este nuevo decreto sirva para dignificar el trabajo de Personal de Administración y Servicios con un mayor reconocimiento no solo económico, sino también para dotar de estabilidad a estos puestos de trabajo con su inclusión en la nómina de pago delegado.
De la misma manera insistimos en que deben estar incluidos en el régimen de pago delegado el personal complementario para atención a alumnado con necesidades educativas especiales.
Entendemos que este decreto debe garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores. Los conciertos con los centros educativos deben implicar el respeto a las leyes laborales vigentes de tal forma que se garantice que todos los profesionales docentes de estos centros que impartan materias sujetas a financiación, incluidos sustitutos, deben estar en pago delegado y tienen que percibir las cantidades necesarias para el cumplimiento del Acuerdo de Equiparación Salarial Autonómico con los funcionarios públicos docentes, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad titular del centro privado concertado (incluidas cooperativas). Ni que decir tiene que los sustitutos no finalizarán su trabajo en julio y agosto si el trabajador al que sustituyen no se ha incorporado al centro o ha finalizado la relación laboral con el mismo.
Se debe garantizar que los socios de cooperativas de enseñanza cobren las mismas cuantías que los trabajadores de un centro concertado de titularidad diferente al de cooperativa.
FSIE MADRID, en el caso de pérdida de unidades, propone la creación de un Acuerdo de Mantenimiento del Empleo que regule una bolsa de trabajo de uso obligatorio para los centros concertados que implique la recolocación de los profesionales que pierdan sus puestos de trabajo. Este acuerdo debe ser gestionado de forma tripartita por la administración educativa, y por las organizaciones patronales y sindicales representativas del sector.
La autonomía de los centros y la gratuidad del sistema no debe suponer que el incremento de posibles prestaciones que reciban los alumnos se haga a cargo de una minoración de los derechos económicos, de descanso y de otros derechos laborales del que vienen disfrutando los trabajadores como consecuencia de la aplicación de la legalidad laboral vigente
Las direcciones de los centros privados concertados deben asumir, dentro del concierto, no solo el respeto a las normas educativas sino, también, el respeto a los derechos laborales y de las personas, El incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones laborales vigentes, incluidas las establecidas en el convenio colectivo, debería ocasionar la imposición de sanciones en el régimen de concierto con independencia de las que en su caso pudiese imponer la autoridad laboral competente. Asimismo, tendrían que ser objeto de sanción aquellos centros que tuvieran un número significativamente elevado de despidos declarados improcedentes o nulos en relación al número total de trabajadores de su plantilla.
FSIE MADRID siempre ha defendido la igualdad de condiciones con los profesionales de los centros públicos. Se deben establecer las medidas necesarias para lograr la equiparación real con los trabajadores de los centros públicos. Esta equiparación no solo la referimos a la equiparación salarial real, que se conseguiría con el reconocimiento de los sexenios y los mismos complementos que se remuneran en la red pública, sino también, con una equiparación de la jornada lectiva entre los trabajadores de los centros públicos y los privados concertados.
FSIE MADRID apuesta por la renovación automática de los conciertos, siempre que el centro siga cumpliendo con los requisitos que dieron lugar a su concesión. A este respecto no podrá ser anulado un concierto por falta de necesidad de escolarización en la zona, si el centro afectado cuenta con suficiente de alumnado.
Demanda continua de FSIE MADRID es la firma de un Acuerdo de Jubilación Parcial. Este decreto es una ocasión única para conseguirlo y así favorecer la renovación de las plantillas.
Para finalizar, hemos reivindicado una vez más la creación de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, que sirva de foro para tratar todos estos asuntos así como cualquier otro que pueda surgir, y en el que se puedan ver afectados tanto los centros concertados como sus trabajadores y que tengan relación con decisiones que, en su caso, deba adoptar la administración educativa de la Comunidad de Madrid.
Esperamos que el consejero tome en cuenta todas estas consideraciones y dé muestras reales del supuesto respeto de la administración a los miles de trabajadores de la enseñanza concertada en la Comunidad de Madrid.
